PROTECCIÓN JURÍDICA DEL NIÑO DESDE SU CONCEPCIÓN

ÍNDICE

1. Introducción
2. Objeciones a un proyecto de Ley de Aborto
3. Tutela jurídica de la vida humana
4. Breve análisis del Derecho Interno vigente
5. Caso “FAL s/medida autosatisfactiva”
6. Conclusiones
7. Bibliografía y notas

1) Introducción
Ante el debate legislativo sobre la legalización del aborto, en el que se pretende “descriminalizar” la interrupción provocada o intencional de la gestación, al amparo de un supuesto “ejercicio del derecho humano a la salud” en las primeras catorce semanas del proceso gestacional; y además atribuir:
1- El derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud,
2- El derecho de interrupción del embarazo en caso de violación, de riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer; y de malformaciones fetales graves, e
3- Invocar la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, como fundamento de la descriminalización la interrupción provocada o intencional de la gestación.
Resulta necesario hacer una recta enumeración e interpretación de los textos invocados como fundamento de aludido proyecto advirtiendo según sea el caso, respecto de las manifiestas e irreductibles colisiones que se presentaran en el sistema jurídico interno nacional en caso de que tal proyecto se transformara en ley.

2) Objeciones a un proyecto de Ley de Aborto
El debate del aborto provoca una grave afrenta a los principios jurídicos más elementales organizativos y fundantes de la Nación Argentina, dado que no existe sociedad jurídicamente organizada que no reconozca y proteja la vida de sus habitantes, más allá de todo credo o pertenencia partidaria.
El punto de partida del presente análisis es determinar que: “Una sociedad justa no puede edificarse sobre premisas falsas que pretendan ser sustento de derechos atribuidos para el sacrificio de derechos de mérito y orden jurídico superior”.
La vida es un derecho fundamental consagrado en documentos internacionales y nacionales de diversos países del mundo. El primero de todos los derechos si consideramos al titular de éste como generador de cualquier otro derecho posible. En este sentido, es inviolable y no admite excepción alguna, es decir, se reconoce y tutela tanto en el ámbito privado como en el público a fin de proteger al sujeto en su dimensión personal entendiendo que toda persona humana es un fin en sí misma.
Lo dicho exige tener conciencia de que el ser humano en gestación es persona humana y sujeto de derecho, aun cuando provisionalmente se ubique en el seno materno o haya sido concebido de modo artificial. Pensar lo contrario y decidir quién y cuándo es humano resulta verdaderamente grave; lo peor que podría sucederle a una sociedad que se precie de ser democrática es decidir quién puede decidir si vive, quien ya está vivo. En este sentido es necesario entender y reconocer que un sujeto de derecho no se constituye por ser deseable o no para alguien, sino por su única condición de existir.
No es lo mismo PERSONA HUMANA que PERSONALIDAD. La persona existe antes que la personalidad jurídica. El Derecho no crea personas naturales, no las constituye, sino que éstas son ontológicamente anteriores y lo único que hace el Derecho es reconocerles un papel ante el mismo, situarlas jurídicamente.
Expresando PERSONA NATURAL y PERSONALIDAD realidades diferentes, ambas se implican mutuamente, ya que la PERSONALIDAD pertenece constitutivamente a la PERSONA HUMANA, pero es una categoría normativa de la vida social y, en cuanto normativa es realidad “construida”. Lo que reconoce u otorga el Ordenamiento Jurídico según sea el caso, es por ejemplo la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones, no la cualidad de “ser alguien”; por eso, se puede ser más o menos capaz jurídicamente, pero no se puede ser “más o menos persona”.
Persona se es o no se es totalmente, radicalmente ab initio.
El concepto de vida humana y derecho a la vida, hacen referencia a la vida de ese ser, por lo que se protege desde que la vida inicia.
La vida humana existe desde que se dan los presupuestos biofisiológicos, cualquiera que sea el estado, condición y capacidad de presentación social de su titular, y debe ser protegida, jurídicamente, en todas sus etapas, pues este derecho comprende la existencia biológica y física, como un presupuesto vital para el ejercicio de los derechos fundamentales.
La vida entendida en un sentido exclusivamente biológico y fisiológico, incluye la integridad física y psíquica; que constituye un objetivo y un fin en sí mismo, independiente de la estimación subjetiva de los demás, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizarla con independencia del pluralismo social, religioso, ideológico o político, y necesariamente tiene que ser desde la concepción, por ser un hecho irrefutable y de sentido común.
Toda vida humana tiene un principio y un fin, además de constituir un proceso continuo de desarrollo individual, propio e irrepetible que inicia con la concepción y termina con la muerte, lo que se corrobora con el hecho de que de la unión de un hombre y una mujer -óvulo y un espermatozoide humano- no puede más que crearse un ser humano, es decir, no puede generarse otro tipo de ser.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, como expresión de conciencia jurídica de la humanidad representada en la ONU y como fuente de un derecho superior cuyos principios no pueden desconocer sus miembros son marco de otros instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconocen la dignidad inherente a todo ser humano, únicamente permite la pena capital en aquellos países que no la han abolido y en casos extremos. Ofrece la oportunidad al culpable de pedir amnistía, indulto o conmutación de la pena. Asimismo, prohíbe imponer pena de muerte al menor de dieciocho años y a la mujer en “estado de gravidez”; es claro que los que se está defendiendo en estos casos es el derecho a la vida del gestado.
El derecho a la vida es el primer derecho natural básico y esencial del que goza toda persona humana. En este sentido la Jurisprudencia de la CSJN ha sostenido que es el “primer derecho natural de la persona humana, pre-existente a toda legislación positiva, y que resulta admitido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes” (Fallos, 302:1284, Cf. Tb. Fallos 310:112).

3) Tutela jurídica de la vida humana
En nuestro ordenamiento la Tutela Jurídica de la Vida Humana desde la concepción es reconocida de manera unánime, constituye el núcleo mismo de nuestro sistema jurídico vigente; reforzado con la Reforma Constitucional de 1994 y la suscripción de numerosos Tratados y Declaraciones internacionales que se han constitucionalizado.
A modo de enunciación simplemente ejemplificativa del paradigma protectivo del derecho a la vida desde la concepción podemos mencionar:
1) Constitución Nacional: Arts. 14 bis, 16, 33, 43, 75 inc. 19, 75 incs. 22 y 23.
2) Código Civil y Comercial: Arts. 19 y 51.
3) Tratados Internacionales incorporados a la Constitución, que también lo garantizan:
a) Convención de los Derechos de Niño: (Nueva York, 1989) Preámbulo, Arts. 1,2, 3, 6 inc. 1, 23 y 24. Reserva Argentina al Art. 1 (Ley 23.869, Art. 2, párrafo 3);
b) Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969): Art. 1°, párrafo 2, 3, 4, 5, 16, 19 y 24;
c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Arts. 6, 10, 12, y 16;
d) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre. Art. I y XVII;
e) Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 3 y 6.
f) Cuando han existido textos en los Tratados, Convenciones y Declaraciones que no garantizan el reconocimiento del inicio de la vida humana con la concepción, la Argentina en forma expresa ha formulado “reservas” respecto de que el comienzo de dicha existencia debe entenderse desde la concepción.
g) Argentina de modo sistemático ha formulado reservas respecto de las promociones de las conferencias del Cairo de 1994 y de Beijing de 1995, en el sentido de que el concepto de salud reproductiva no debe incluir al aborto como método de la regulación de la natalidad, a pesar de que el valor jurídico de las recomendaciones de estas conferencias es poco relevante y vulneran el orden público internacional, ya que existen compromisos internacionales integrados como principios esenciales a la convivencia republicana (Art. 75 inc. 22 CN), que no pueden ser lesionados por convenciones o recomendaciones que no tienen este estatuto jurídico.
4) Ley de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes: arts. 1, 2, 3 entre otros.

4) Breve análisis del Derecho Interno vigente
Entendida la expresión “aborto” (Interrupción voluntaria del embarazo) como un eufemismo para encubrir el hecho de la muerte intencional de un ser humano indefenso, cuya eliminación no soluciona las circunstancias que lo motivaron, sino que las agrava, resulta procedente tener presente que nuestro sistema jurídico interno, recientemente modificado con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, caracterizado por la constitucionalización de sus normas de derecho interno y los tratados internacionales que han sido objeto de expreso reconocimiento por el Congreso de la Nación, reconocen que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, y que ésta es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. (arts. 19° y 51° CCyC).
1) La existencia de la persona humana comienza con la concepción.
en temas como el que se analiza de innegables basamentos científicos, más allá de la opinión procedente de la religión, cabe recordar que ha sido la Academia Nacional de Medicina la que ha fijado posición estableciendo que:

“La vida humana comienza con la fecundación, esto es un hecho científico con demostración experimental; no se trata de un argumento metafísico o de una hipótesis teológica. En el momento de la fecundación, la unión del pronúcleo femenino y masculino dan lugar a un nuevo ser con su individualidad cromosómica y con la carga genética de sus progenitores. Si no se interrumpe su evolución, llegará al nacimiento.”

            Por tanto, son razones científicas y no teológicas las que reclamaban el cambio de redacción. En realidad, no ha habido modificación sustancial puesto que el antiguo art. 70 del mismo código decía prácticamente lo mismo, fijando en la concepción el momento de inicio de la existencia de la persona.
2) La dignidad humana. El Código Civil y Comercial (CCyC) inaugura el capítulo relativo a los derechos personalísimos, consagrando el reconocimiento y respeto de la dignidad. Todos los derechos de la personalidad derivan y se fundan en la noción de dignidad. Así, el artículo 51 del nuevo CCyC sostiene: “Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.”
Por primera vez se introduce la palabra “dignidad” en un Código Civil y Comercial de Argentina, lo que implica un cambio de concepción y paradigma. Se parte de que la persona merece que se le reconozca, respete y por ende tutele su dignidad, atento a que ésta deriva del hecho de ser, ontológicamente, una persona y, consecuentemente, el derecho debe garantizarle esta dignidad precisamente por ser tal. El respeto por la dignidad de la persona humana comienza por reconocer su existencia, su autonomía y su individualidad, de allí que dicho artículo la considere inviolable.
Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 316:479): "el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo, más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental".
Se considera a la dignidad humana como la “fuente”, el fundamento, el sustrato, en el que se asientan y de la que derivan todos los derechos humanos. Es precisamente la conexión de un derecho con la dignidad humana la que lo convierte en derecho fundamental.
3) El derecho a la vida es tutelado desde la concepción de la persona humana. La tutela del derecho a la vida es absoluta y constituye el núcleo mismo de nuestro ordenamiento jurídico. Está protegido en las normas básicas y fundamentales, que hacen a nuestra identidad y esta tutela se ha consolidado con la Reforma Constitucional de 1994 y la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, y con la suscripción de numerosos Tratados y Declaraciones internacionales que se han constitucionalizado.
a) La Constitucionalidad del derecho a la vida desde la concepción, es objeto de expreso reconocimiento y protección en los 16, 33, 43, 75 inc. 19, 75 incs. 22 y 23. Código Civil y Comercial, Arts. 19 y 51, y el Código Penal: Arts. 85, 86, 87 y 88.
b) Tratados Internacionales incorporados a la Constitución, que también lo garantizan: Convención de Derechos de Niño: (Nueva York, 1989) Preámbulo, Arts. 1,2, 3, 6 inc. 1, 23 y 24. Reserva Argentina al Art. 1 (Ley 23.869, Art. 2, párrafo 3); Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969): Art. 1°, párrafo 2, 3, 4, 5, 16, 19 y 24; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Arts. 6, 10, 12, y 16; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre. Art. I y XVII; Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 3 y 6.
c) En caso de duda en el lenguaje de los Tratados, Convenciones y Declaraciones, la Argentina ha dejado constancia, en forma de "reservas" respecto de que el comienzo de la existencia de la persona humana debe entenderse desde la concepción. El valor de estas reservas es integrativo de la constitucionalización de los Tratados.
d) Asimismo, Argentina ha formulado reservas respecto de las promociones de las conferencias del Cairo de 1994 y de Beijing de 1995, en el sentido de que el concepto de salud reproductiva no debe incluir al aborto como método de la regulación de la natalidad.

5) Caso “FAL s/medida autosatisfactiva”
- El/los proyectos de Ley de legalización del aborto mencionan como fundamento relevante el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del fallo de fecha 13/03/2012, (caso “FAL s/medida autosatisfactiva”), que se resume en cuatro (04) puntos:
a) Que el artículo 86 inciso 2° debe interpretarse como comprendiendo toda violación, ya sea que se trate de una mujer idiota o demente o de cualquier mujer.
b) Que no hace falta autorización judicial para la realización del aborto en tal caso.
c) Que no hace falta ningún tipo de prueba de la violación, bastando una mera declaración jurada.
d) Que se deben dictar protocolos para la realización de estos abortos no punibles en todo el país, que contemplen la objeción de conciencia de los profesionales pero que obliguen a todas las instituciones de salud a dar cumplimiento a estos supuestos.
Sin embargo, la arbitrariedad del fallo ha quedado en evidencia al contrariar pronunciamientos en los que había declarado que “la primera regla de interpretación de las leyes es la de dar pleno efecto a la intención del legislador, la cual debe fluir de la letra o del espíritu de la misma” (Fallos: 150:151); y de este modo:
a) El fallo reconoce (cons. 9 a 13) que comienza la existencia de la persona desde el momento de la concepción, pero concluye señalando que su derecho a la vida no es absoluto, en clara contradicción con el sistema internacional de Derechos Humanos, con el ordenamiento jurídico argentino de orden interno y con importantes precedentes de la misma CSJN.
b) Aunque el fallo menciona el principio “in dubio pro homine” (cons. 17), no lo aplica a la persona por nacer y sus derechos, asumiendo una interpretación que contradice dicho principio al negar vigencia real al derecho a la vida del niño por nacer.
c) Señala como fundamento del fallo “los principios de igualdad y de prohibición de toda discriminación” (Cons. 15), Sin embargo, el fallo establece un arbitrario orden de prelación entre Derechos Humanos, admitiendo que no todos los concebidos son “iguales” ni gozan de los mismos derechos humanos. Ello implica una clara discriminación según sea el origen de la concepción y la creación de distintas categorías de ciudadanos.
d) En el considerando 16 se afirma: “(…) de la dignidad de las personas (…) se desprende el principio que las consagra como un fin en sí mismas y proscribe que sean tratadas utilitariamente. Este principio de inviolabilidad de las personas impone rechazar la exégesis restrictiva de la norma según la cual ésta sólo contempla, como un supuesto de aborto no punible, al practicado respecto de un embarazo que es la consecuencia de una violación a una incapaz mental”. (Cons. 16). Sorprende que la Corte Suprema recurra a la dignidad e inviolabilidad de la vida para justificar la eliminación de las personas por nacer, seres humanos igualmente dignos e inviolables, que en este caso no son respetados como fin en sí mismos.
e) Si bien reconoce el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la salud,  (cons. 29) parece desconocer el respeto por la denominada “objeción de conciencia institucional” que protege a las instituciones que, en virtud de su ideario, puedan tener una cosmovisión que impida llevar adelante una práctica que afecta el derecho a la vida.
f) Señaló la CSJN que, de resolver de forma contraria, es decir, de acuerdo a la interpretación restrictiva -interpretando que el artículo en cuestión contiene una causal de inimputabilidad sólo para el supuesto del aborto realizado por la mujer idiota o demente-, el Estado argentino incurriría en responsabilidad internacional, pues estaría desatendiendo las recomendaciones de los organismos internacionales destacados (vgr. considerandos 6 y 13). En realidad, la mayor responsabilidad del Estado es para con sus ciudadanos en el respeto de su derecho a la vida con independencia del origen de la concepción.
g) En el considerando N° 26 estableció la Corte que “no exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como tampoco su determinación judicial para que una niña, adolescente o mujer pueda acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación”. La eximición de la prueba de la violación repercutirá directamente sobre la efectiva persecución del violador, único culpable de semejante situación y merecedor de la más estricta sanción por parte del Estado. Además, la no exigencia de una prueba fehaciente de la comisión del delito, se puede prestar a falsas denuncias y por tanto, extendería la causal de inimputabilidad a cualquier caso, con graves consecuencias.
El Fallo “FAL s/medida autosatisfactiva” además de su manifiesta improcedencia, puesta de manifiesto al pronunciarse sobre una cuestión abstracta, es decir pedido de autorización de aborto que ya se había interrumpido 2 años antes (13 de marzo de 2010 en el Centro Materno Infantil de Trelew), es ILEGAL dado que: 
1°) La ley 23.849 antes mencionada, al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño, declaró que el art. 1° de ese instrumento internacional “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”. Con esta reserva, “en las condiciones de su vigencia” (art. 75 inc. 22 C.N.), la Convención adquirió jerarquía constitucional.
2°). El artículo 3 de dicha Convención que textualmente expresa: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán una consideración primordial a que se atienda el interés superior del niño”.
3°) El art. 6 de la misma Convención que textualmente expresa: 1.- “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. 2.-Los Estados Partes garantizarán “en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.”
4°) El art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional atribuye al Congreso la facultad de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños…”.  “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.”

6) Conclusiones.
- Siendo la evidencia científica de validez universal y absolutamente coincidente en el sentido de que la persona humana principia su existencia en el instante de su concepción, el sistema jurídico no puede ni desconocer, ni torcer caprichosamente a su antojo las evidencias de ésta índole, para consumar la atribución de un derecho a suprimir la vida de una persona humana. 
- El proyecto de Ley de Aborto encierra el falso argumento de entender que los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo tienen la misma entidad y dignidad del derecho a la vida del gestado en el seno materno.  El derecho de la mujer sobre su propio cuerpo tiene como límite el derecho a la vida e integridad física del hijo en gestación; que es diferente y de entidad y dignidad superior; y al que también deben reconocérsele los derechos sobre su propio cuerpo en gestación.
- Quienes están a favor de la legalización del aborto omiten abordar la cuestión jurídica de la ratificación de la Ley 23.849 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde la REPUBLICA ARGENTINA declara que es niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. En el mismo sentido el art. 2° de la Ley 26.061 declara de “APLICACION OBLIGATORIA” La Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia (Ley 23.849), en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. TODO ACTO LEGISLATIVO QUE CONTRAVENGA ambas normas estará viciado de nulidad e implicará un gravísimo atentado contra institucionalidad de normas nacionales especiales y tratados suscriptos y ratificados por la República Argentina; plenamente operativos en nuestro derecho interno.
- La Salud, Libertad sexual y Reproductiva de los padres no puede ser edificada sobre el avasallamiento de los derechos a la vida e integridad de la persona por nacer, dado que la gestación no es una situación o estado de enfermedad, ni tampoco violatoria de las libertades de las que procede (sexual y reproductiva).
- La clandestinidad actual del aborto evidencia el fracaso o en el mejor de los casos la deficitaria o nula presencia del Estado en cuestiones de orden social urgente que requieren políticas activas idóneas para atacar las causas que lo producen desde sus raíces; no la necesidad de arbitrar mecanismos de supresión masiva de seres humanos, sujetos de derecho y merecedores de la plena protección de su integridad física y moral, totalmente indefensos.
En el sentido expuesto el combate del tráfico de seres humanos no admite su despenalización bajo la excusa de “blanquear” la situación, para que puedan tener cobertura social que asista a dichas personas en su condición de salud.
- El aborto no convierte a la mujer en “mujer no embarazada”, solo brinda una “anestesia moral”; que insensibiliza temporalmente sus consecuencias, sobre todo aquellas de orden psicológico.
- El pretendido derecho a un aborto legalizado fundado en el derecho a la salud, es una flagrante desnaturalización del concepto de salud que según la definición de la OMS: “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” buscando crear la conciencia de que el estado de gravidez es una situación “patológica” solamente redimible por la anuencia y consentimiento de la madre gestante.
- Entendemos que el falseamiento de los términos legales que se invocan como sustento y letra del Proyecto de Aborto, y especialmente en el art. 8° 3er párr. al establecer: … “En todos los supuestos contemplados en los artículos que anteceden serán de aplicación la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, en especial en lo que hace a su interés superior y el derecho a ser oído”, pretenden asignar a la Convención de los Derechos del Niño, a la ley 26.061 y al Código Civil y Comercial de la Nación; términos legales dispositivos NO CONTENIDOS Y CONTRAPUESTOS A SU REAL SIGNIFICACION, buscando consumar una reforma legislativa encubierta de textos legales vigentes de orden superior (Tratados internacionales suscriptos por la República Argentina  con expresas reservas de vigencia de orden interno y Leyes especiales nacionales sancionadas en su consecuencia).

Resultaría inusitadamente grave y sin precedentes reconocidos en la historia jurídico-política Argentina, que en el ámbito del Congreso de la Nación se sancione una Ley que invoque textos legislativos inexistentes, o peor aún, textos legislativos vigentes a los que se les asigne un contenido y una extensión absolutamente contrarios a los que contienen.
De consumarse una “maniobra” de esta naturaleza el texto sancionado estaría fulminado de nulidad, por su manifiesta contraposición con el derecho interno nacional vigente.

7) Biblioteca y notas

 

  • “Aborto no punible: ¿Qué dice la ley argentina?” en Susana Checa (comp.) Realidades y coyunturas del aborto. Entre el derecho y la necesidad. Buenos Aires, Ed. Paidos, 2006. ISBN 950-12-4537-3

 

  • Hitters, Juan Carlos.  La reforma de la Constitución Argentina de 1994 y los tratados sobre Derechos Humanos a 20 años de su vigencia. Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. U.n.l.p. 2014.

 

  • Aguayo, Nadia Solange. “Los tratados internacionales de derechos humanos en el derecho interno.
  • Reflexiones a partir de los ordenamientos jurídicos de España y Argentina” Trabajo presentado en los XXV Cursos de Especialización en Derecho “La tutela de los Derechos Constitucionales en las Democracias Actuales”, Universidad de Salamanca, España, enero de 2014.
  • http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/05/Doctrina1217.pdf [Fecha de consulta: 03-05-2018]

 

  • Kielmanovich, Jorge L. REFLEXIONES PROCESALES SOBRE LA LEY 26.061 DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. La Ley, año 2005 – F – 987.

¿Cómo citar esta voz?

Sugerimos el siguiente modo de citar, que contiene los datos editoriales necesarios para la atribución de la obra a sus autores y su consulta, tal y como se encontraba en la red en el momento en que fue consultada:

Dr. Matons, Luis, PROTECCIÓN JURÍDICA DEL NIÑO DESDE SU CONCEPCIÓN, en García, José Juan (director): Enciclopedia de Bioética, URL:http://www.enciclopediadebioetica.com/index.php/todas-las-voces/313-proteccion-juridica-del-nino-desde-su-concepcion

CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD

Buscador de contenidos

Traducir esta página

¿Quién está en línea?

Hay 17 invitados y ningún miembro en línea

Estadísticas

Visitas del artículo
2738754